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Los centros de detención en Albania, que costaron millones de euros y se esperaba que alojaran hasta 3,000 migrantes al mes, vieron a más de 50 policías enviados de vuelta a Italia hace dos semanas, mientras que docenas de trabajadores sociales abandonaron Albania el fin de semana, considerando que su presencia era "innecesaria".

Desde su apertura el 11 de octubre, solo 24 solicitantes de asilo han sido enviados a los centros en Albania, con el objetivo de ser devueltos a sus países de origen. Cinco de ellos permanecieron menos de 12 horas en el centro de detención, mientras que el resto se quedó un poco más de 48 horas.

Los jueces italianos dictaminaron que mantener a los migrantes en Albania antes de ser devueltos a países como Bangladesh y Egipto, considerados "seguros" por Roma, era ilegal, y todos fueron trasladados de vuelta a Italia. Los jueces se basaron en un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre que establece que un país fuera de la UE no puede ser considerado seguro a menos que todo su territorio sea considerado seguro.

Los partidos de oposición calificaron el acuerdo, que costará alrededor de 1,000 millones de euros en cinco años, como un "desastre financiero" en un momento en que el gobierno lucha por equilibrar el presupuesto y reduce los fondos para la educación, la salud y la seguridad social.

El gobierno declaró que los centros en Albania "permanecerán abiertos y operativos" y que las transferencias a Italia se realizarán según las necesidades del personal. Sin embargo, la credibilidad de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, está en juego después de hacer de la migración un tema central de su campaña.

Meloni había criticado previamente a sus predecesores por gastar dinero público en la gestión de la crisis migratoria. A mediados de noviembre, el traslado de solo ocho migrantes que llegaron a Albania durante un fin de semana en un barco militar italiano costó 250,000 euros.