Espaniol News Agency

La detención de Durov el sábado, tras aterrizar en París en un jet privado, encendió el debate sobre dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la aplicación de la ley, llamando la atención sobre la responsabilidad penal de los proveedores de aplicaciones.

El miércoles, las autoridades judiciales francesas abrieron oficialmente una investigación sobre Durov, ciudadano francés, por cargos que incluyen la falta de cooperación con las autoridades en investigaciones penales y la complicidad en la comisión de delitos a través de la aplicación de mensajería.

La fiscal de París, Laure Beccuau, declaró que un juez de instrucción encontró razones para iniciar una investigación oficial sobre todos los cargos por los que Durov fue inicialmente arrestado.

Las acusaciones incluyen la complicidad en la operación de una plataforma en línea que permite transacciones ilegales, la difusión de imágenes de abuso sexual infantil, el tráfico de drogas y el fraude, así como la negativa a proporcionar información a las autoridades, el blanqueo de dinero y la provisión de servicios criptográficos a delincuentes.

Beccuau señaló que la "casi total falta de respuesta" de Telegram a las solicitudes de cooperación de las autoridades en casos penales llevó a la unidad de delitos cibernéticos de la fiscalía de París a abrir una investigación en febrero de 2024.