Espaniol News Agency

El Parlamento de la UE aprobó el jueves nuevas normas destinadas a crear un marco penal armonizado en toda la UE para combatir la corrupción. La directiva había sido acordada provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2025.

Las nuevas regulaciones estandarizan las definiciones de delitos como el soborno, la malversación, la obstrucción de la justicia, el tráfico de influencias, el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito relacionado con la corrupción, el encubrimiento y la corrupción en el sector privado, y armonizan las sanciones. La directiva fue adoptada con 581 votos a favor, 21 en contra y 42 abstenciones.

Las normas existentes se modernizarán mediante la armonización de definiciones legales y la introducción de niveles de sanción estructurados, cerrando así lagunas de aplicación, especialmente en casos transfronterizos. Se establecerán niveles máximos de sanción en toda la UE, aunque los Estados miembros conservan el derecho de aplicar normas más estrictas.

Se reforzará la cooperación entre los Estados miembros y las instituciones de la UE (OLAF, Fiscalía Europea, Europol y Eurojust). Además, los Estados miembros publicarán anualmente datos comparables y legibles por máquina.

Los Estados miembros deberán adoptar estrategias nacionales contra la corrupción, realizar evaluaciones de riesgos y establecer sistemas sólidos para gestionar los conflictos de interés, la transparencia en la financiación política y los estándares de integridad. También deberán operar organismos suficientemente independientes para prevenir y abordar la corrupción.

La eurodiputada Raquel Garcia Hermida-van der Walle afirmó: «Esta ley tiene una importancia histórica. La corrupción ha llevado a silenciar a periodistas, a la pérdida de vidas y al robo del futuro de los ciudadanos. Esta ley trata de defender Europa y servir a nuestros ciudadanos.»

Tras su adopción formal por el Consejo, la directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial. Los Estados miembros tendrán 24 meses para aplicar las disposiciones, excepto las relativas a evaluaciones de riesgos y estrategias nacionales, para las que el plazo es de 36 meses.