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En la declaración se subrayó que la ley sobre la ejecución de prisioneros palestinos, aprobada por el Parlamento israelí el 30 de marzo de 2026, contiene violaciones del derecho internacional.

El ministerio, haciendo referencia a la evaluación del Comité, indicó que dicha normativa “contiene graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” y forma parte de un sistema discriminatorio contra los palestinos. Asimismo, se señaló que “estas leyes solo se dirigen a los palestinos y profundizan la discriminación en el sistema judicial”.

El ministerio hizo un llamamiento a la comunidad internacional para rechazar la ley y responsabilizar a Israel, afirmando que el proceso supone “una violación del derecho a la vida y la eliminación de las garantías de un juicio justo”. También se indicó que Palestina continuará sus iniciativas ante los mecanismos de la ONU y los tribunales internacionales.